Los grupos del PP, PSOE, Ganar Totana-IU y el edil no adscrito Manuel Cánovas han presentado una moción conjunta al pleno ordinario del mes de septiembre para que la Corporación municipal condene los actos de abuso de menores y retirada de distinciones honoríficas concedidas a los empresarios condenados en Murcia, así como mostrar su total rechazo ante estos hechos y ante cualquier tipo de violencia y abuso contra la mujer.
Además, se pretende mostrar la disconformidad institucional absoluta a la condena impuesta a este grupo de empresarios acusados confesos de prostitución de menores en el juicio por la “Operación Baúl”.
También se aboga por instar a las instituciones públicas y privadas de todos los ámbitos de nuestra sociedad, las cuales hayan otorgado algún tipo de reconocimiento o distinción a los acusados confesos, a que procedan a su retirada.
La propuesta conjunta recoge, asimismo, instar al Gobierno de España a que dote a los Juzgados de los medios materiales y humanos necesarios para evitar que se produzcan las dilaciones indebidas que dan lugar a las rebajas de condenas.
La trata de personas con fines de explotación sexual representa una de las expresiones más crueles de la desigualdad de género y de la mercantilización de los cuerpos de mujeres y niñas. Esta realidad no es solo una violación de sus derechos fundamentales, sino también una amenaza directa a su dignidad, libertad e integridad, que nos interpela a todos y a todas como sociedad.
Los datos son alarmantes y preocupantes: la trata de seres humanos sigue siendo un negocio lucrativo, sustentado por la demanda de explotación sexual, donde la inmensa mayoría de sus víctimas son mujeres y niñas.
Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el 96% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual son mujeres y niñas, siendo muchas de ellas menores de 18 años.
Esta realidad está directamente vinculada a la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. España es uno de los países donde más mujeres y niñas son prostituidas. Según datos aportados por la ONU, España encabeza la lista de los países de la Unión Europea con un 39% de los hombres que han acudido a la prostitución al menos una vez en su vida, con mucha distancia respecto a los demás países que se sitúan cerca del 19%, la media europea.
En los últimos días, se ha dado a conocer la noticia de los empresarios acusados de estar implicados en una red de prostitución con menores de edad. De los 24 a 56 años de pena máxima a los que se enfrentaban finalmente serán condenados a entre cinco meses y dos años por cada uno de los delitos.
Respecto a las indemnizaciones, los acusados deberán pagar por víctima de 500 a 2.000 euros. A esto se añaden las multas, que oscilan entre los 450 y 720 euros.
Esto se debe, a que los acusados han llegado a un acuerdo de conformidad con el fin de rebajar las penas de prisión y eludir la celebración del juicio, a cambio de reconocer los hechos. Entre los argumentos para reducir la condena está el atenuante de dilaciones indebidas, es decir, la demora del proceso judicial, que ha tardado 10 años en celebrarse.
La condena ha causado gran conmoción e indignación en el municipio de Totana por la gravedad de los delitos cometidos, por el irrisorio castigo que recoge la sentencia para los culpables confesos y, sobre todo, por resultar ser uno de ellos Juan Martínez Fernández, más conocido como Juan “El Enterraor”.
Se trata de una persona ampliamente popular desde hace muchos años en nuestra sociedad por la actividad laboral que ha desempeñado y también en el ámbito de la cultura y la tradición a causa de su estrecha relación con la Semana Santa de Totana, habiendo recibido varias condecoraciones y distinciones.
Ante semejantes hechos las instituciones públicas tenemos que mostrar firmemente nuestra tolerancia cero contra las actitudes absolutamente lesivas hacia la integridad física y sexual de mujeres y niñas, señala la moción.
El Ayuntamiento de Totana no puede permanecer ajeno y guardar silencio ante esta noticia, máxime cuando ha generado entre nuestros ciudadanos una sensación de absoluto rechazo, estupefacción y dolor por la cercanía y notoriedad de uno de los culpables. Una sociedad que pretende la igualdad no puede permitir que personas que se han declarado culpables de estos delitos, disfruten de honores y reconocimientos parte de las instituciones, concluye.
