El alcalde responsabiliza directamente a la Comunidad Autónoma del retraso en la tramitación del PGOM de Totana

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El primer edil anuncia la creación de un frente común que aglutinará a los municipios afectados por esta demora administrativa para presionar al Ejecutivo regional de la necesidad de cambiar el modus operandi en el procedimiento de tramitación de los planeamientos urbanos

El regidor ha realizado una valoración de la tercera sesión de la Comisión de Investigación del PGOUM, que viene a dar respuesta a un acuerdo plenario tras las denuncias públicas del PP

El alcalde, Pedro José Sánchez, ha responsabilizado directamente a la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma del retraso cronológico que acumula la tramitación del documento del Plan General de Ordenación Municipal de Totana y ha denunciado el “modus operandi” del Gobierno regional a la hora de agilizar el procedimiento administrativo.

El primer edil ha querido efectuar una valoración institucional y política tras la tercera sesión de la Comisión de Investigación del PGOUM celebrada ayer, y que viene a dar respuesta a un acuerdo plenario aprobado hace meses, a raíz de una denuncia pública efectuada por el Grupo Popular en la que manifestaba la supuesta caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Plan General.

Sánchez ha precisado que la convocatoria de este órgano "se podría haber evitado" de no ser por el interés del PP de “boicotear y contradecir” la validez del trabajo desarrollado por la Concejalía de Urbanismo; y que, según dijo, “hubiera bastado con una simple visita o reunión con los técnicos municipales de este departamento”.

Además, ha lamentado la estrategia de desgaste del portavoz popular, Juan Pagán, quien alarmó hace meses a la opinión pública acerca de la caducidad de la DIA del Plan General culpando al Gobierno municipal de la no aprobación del documento, con la que pretendía “adoptar una postura contraria a los intereses generales del municipio”.

Al respecto, el alcalde ha reiterado que la DIA no tiene caducidad alguna y “es vigente a día de hoy”, tal y como lo certifica un informe suscrito por los técnicos municipales y avalado por la Dirección General del Medio Ambiente.

En relación a la sucinta posibilidad de que el Plan General hubiese sido aprobado “por silencio administrativo”, como había sugerido el Grupo Popular, el alcalde ha insistido en que “hubiese sido muy peligroso e irresponsable aprobar un expediente de esas características, conociendo la existencia de deficiencias”.

Sánchez Pérez ha afirmado que con esta idea “se busca confundir a la ciudadanía” y es una falacia afirmar que “si se hubiera aprobado por silencio administrativo, no se habrían tenido que pagar los convenios urbanísticos que el Ayuntamiento está teniendo que devolver, con intereses añadidos”.

El alcalde ha incidido en que el Gobierno ha sido “leal y paciente” con el Gobierno regional en este asunto durante los tres primeros años de mandato; y ha querido efectuar un repaso cronológico en esta legislatura de las gestiones políticas y técnicas realizadas en esta legislatura –tanto por el anterior alcalde como por él en calidad de edil de Urbanismo- para demostrar la imposibilidad de criterios y voluntad a la hora de subsanar las deficiencias del documento.

“No se están poniendo recursos ni existe disposición para aprobar los planeamientos urbanos; y se debe cambiar el modo de actuar para agilizar esta tramitación”, ha precisado.

También se ha referido a la realización de un estudio jurídico del documento de deficiencias remitido por la Comunidad Autónoma para depurar y conocer aquellas que se atienen a ley; y ha anunciado la creación de un frente común que asociará a los municipios “agraviados” por la aprobación del planeamiento, como son los casos de Aledo, Cartagena y Águilas junto a la Totana, para disponer de la independencia que estos requieren.

Por último, ha abogado por el consenso de los grupos políticos y la necesidad de “ir de la mano” en la resolución de este problema que lleva décadas estancado; y ha advertido de la conveniencia de abordar este asunto con el presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, a quien ya ha solicitado un encuentro formal para ello.

Asimismo, ha revelado que en el último año de esta legislatura operará una estructura de funcionamiento específica en la Concejalía que sacará adelante planeamiento y agilizará las licencias y el plan parcial Totana Sur; al tiempo que exigirá a la Dirección General del Territorio y Arquitectura que se cambie los puntos de vista técnicos de la Administración regional.

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