El alcalde, Juan José Cánovas, ha informado que el Ayuntamiento de Totana está pendiente de que los Servicios Jurídicos Municipales realicen un informe para conocer de qué manera afecta al Consistorio y de cuánto dinero se podría disponer para el presupuesto del 2020, en relación al acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que esta semana dio luz verde a la propuesta del Ministerio de Hacienda para la liberación de los remanentes y el uso del superávit de los ayuntamientos
Esa cifra de dinero iría destinada a ayudar a los colectivos profesionales afectados por esta crisis y para reactivar la economía en el municipio, tal y como anunció el alcalde en la última sesión plenaria.
De hecho, se contemplaría la posibilidad de convocar un pleno extraordinario en agosto para aprobar el presupuesto municipal del ejercicio 2020 con el fin de contemplar medidas de reactivación.
El texto aprobado ofrece a los ayuntamientos una aportación de los Presupuestos Generales del Estado de 5.000 millones de euros a fondo perdido (2.000 para este año y 3.000 para el próximo) siempre que pongan sus remanentes a disposición del Estado, que los devolverá en un plazo de 10 años a partir del 2022.
Así pues se establecen mecanismos de apoyo a los municipios con problemas de liquidez o en riesgo financiero, como es el caso de Totana; y se acuerda no exigir a los ayuntamientos el cumplimiento de la regla de gasto en 2020 y el compromiso de estudiar su ampliación para 2021.
Además, se incorpora que las entidades locales participen de forma directa como beneficiarias del fondo de recuperación aprobado por la Unión Europea y se constituya una mesa de trabajo para la futura reforma de la financiación local.
El acuerdo ha llegado tras semanas de negociación entre Hacienda y la cúpula de la FEMP para aprobar un documento que permita a los ayuntamientos usar el superávit y salvar la legislación actual que les impide, con carácter general, usar sus remanentes de tesorería.
Las medidas recogidas en el acuerdo se deberán regular en una norma con rango de ley, en la que se establezcan plazos o procedimientos que permitan agilizar su aplicación.
