El GMS denuncia que las diferencias entre la alcaldesa y Urbaser han desencadenado una batalla campal que terminará perjudicando el funcionamiento del servicio y agravará la maltrecha situación de las arcas municipales.
Según los socialistas, lo que había sido un matrimonio de conveniencia hasta hace unos meses, se ha convertido en una relación insostenible por desavenencias en la interpretación de los contratos firmados entre Urbaser y el anterior alcalde José Martínez Andreo.
Dice el PSOE, que el problema se remonta a la parte final de la anterior legislatura, cuándo el alcalde decide financiar los graves problemas económicos del ayuntamiento por medio de un préstamo de la empresa Urbaser a cambio del incremento en los años de contrato y, lo que ha terminado por ser la causa del conflicto, el establecimiento de unos umbrales que garantizan a Urbaser una facturación mínima al año con independencia del consumo real de agua.
En aquellos momentos Urbaser, al igual que el Grupo Municipal Socialista, ya preveían que iba a bajar el consumo de agua y por ello estableció los umbrales que les garantizaban una facturación mínima. Los socialistas ya dijeron en el pleno y en los medios de comunicación, que la firma de ese acuerdo perjudicaba enormemente los intereses del ayuntamiento y de los totaneros.
Aseguran desde el PSOE de Totana, que en estos años Urbaser, amparándose en el contrato aprobado por el PP y firmado por José Martínez Andreo, se ha quedado con la recaudación de la tasa de la basura, ya que se paga conjuntamente con el recibo del agua, para cumplir lo acordado. Lo que ha perjudicado, todavía más, las cuentas del ayuntamiento.
La alcaldesa, que en aquel momento formaba parte del Grupo Municipal Popular y que por tanto aprobó con su voto el contrato, dice ahora que eso no fue lo que se aprobó en el pleno y lo que se firmó. Por su parte el Grupo Municipal Socialista dice que los documentos y las actas demuestran que el asunto se debatió y aprobó en el pleno con los votos del PP y el rechazo frontal de toda la oposición. Y Urbaser asegura que tiene en su poder los documentos que demuestran que existe un contrato firmado entre la partes y exige al ayuntamiento su cumplimiento.
Dicen los socialistas que la querella presentada por Urbaser contra la alcaldesa es consecuencia de la decisión unilateral de esta de rescindir el contrato, ya que según la empresa, está mintiendo a los ciudadanos al negar la existencia de unos acuerdos y de un contrato firmado. El PSOE califica de sorprendente que la alcaldesa haya puesto como excusa para la rescisión del contrato "el bajo rendimiento de la red de agua", cuando esto también es su responsabilidad, ya que desde que gobierna el PP apenas se han realizado inversiones para mejorar su estado. Recuerdan que entre los años 1999-2003, periodo en el que gobernaron, el rendimiento de la red subió al 75% gracias a las inversiones que se realizaron en su mejora.
Para los socialistas, los acuerdos firmados con Urbaser son muy perjudiciales para el ayuntamiento, tal y como denunciaron en su momento. Sin embargo, dicen, las formas de la alcaldesa, llevando la rescisión del contrato de forma clandestina al pleno, y negándose a negociar con la empresa los términos del contrato, son un nuevo error político. Ya que si error fuer aprobar y firmar aquel contrato, un mayor error es incumplirlo de forma unilateral.
Asegura el GMS que la alcaldesa busca hacerse con la recaudación de los recibos del agua para seguir derrochando y que, si nadie lo remedia, el resultado de tanto despropósito será un peor servicio al ciudadano, el despido de varios trabajadores de la empresa y que el ayuntamiento tendrá que indemnizar a la empresa con una cantidad que podría superar los 12 millones de euros
