La alcaldesa de Totana, Isabel María Sánchez, va a elevar hoy una moción, de urgencia, al pleno ordinario del mes de mayo con la que se va a instar a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a la Federación de Municipios de la Región de Murcia a que impulsen ante el Gobierno de España la aplicación de un plan de pago a proveedores adaptado a cada entidad local, en función de su estado económico-financiero.
En la misma propuesta, la regidora solicita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que realice, en todo caso y en las situaciones concretas de estos ayuntamientos, una retención porcentual de los Tributos del Estado no superior al 25% del total para mantener su viabilidad.
Según esgrime la alcaldesa en su moción, de los más de 8.000 ayuntamientos que hay en España, un total de 5.137 tienen contraída algún tipo de deuda financiera. No sólo los grandes núcleos urbanos acumulan grandes endeudamientos, sino que también pequeños municipios acumulan una deuda muy importante en relación con su población.
Las administraciones locales son cada vez receptoras de menos fondos estatales y han sido las más perjudicadas por la crisis en el sector de la construcción que acarrea menores ingresos a las arcas municipales, por lo que está siendo la administración más afectada por la crisis financiera global, según dice.
Sánchez explica que son muchos los ayuntamientos de distinto signo político que vienen reclamando desde hace años una normativa legal que arbitres y solucione los históricos problemas de financiación local. Según diversos estudios de la FEMP, lo que las entidades locales españolas pagan por gestionar atribuciones que no son exactamente suyas supone el 25 por ciento de su gasto.
La propuesta viene a colación de la situación de aquellos ayuntamientos españoles que decidieron acogerse al plan de pago a proveedores promovido por el Gobierno de España y que, por diferentes motivos o razones técnicas, ha recibido una resolución desfavorable por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el marco del Real Decreto 4/2012.
Esta situación ha obligado al Ministerio competente a arbitrar otras medidas de ajuste para los próximos años a fin de hacer efectivo el pago de la deuda que estos consistorios tienen con sus proveedores.
Al parecer, aquellos ayuntamientos que no han visto resuelto de forma favorable su plan de ajuste pueden ver reducidos los Tributos del Estado que perciben de los Presupuestos Generales del Estado siguiendo criterios demográficos o poblacionales, cuyos porcentajes pueden rondar el 50%.
