El alcalde de Totana, José Martínez Andreo, ha asegurado que los Ayuntamientos no podrán hacer frente de forma habitual al pago de los proveedores si el Gobierno de la Nación no levanta el veto a una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular a través de la cual se establece la creación de líneas de Crédito ICO para pagar las facturas a los proveedores.
Martínez Andreo ha explicado, que una vez más, el Gobierno central ha frenado el crédito al sector productivo dejando a los Consistorios que no puedan hacer frente a los pagos a las empresas que suministran productos o servicios a las administraciones municipales.
El primer edil ha manifestado que con el rechazo a la iniciativa Popular, una de las ochenta que ya ha planteado para apostar por los Gobiernos Locales, significa un grave perjuicio para los Ayuntamientos, pero sobre todo un perjuicio mayor para el empleo, ya que los Consistorios, como el totanero, que no puedan pagar a los proveedores significa el cierra de pequeñas y medianas empresas, y que los autónomos tengan que dejar su actividad y la consecuencia es el incremento del paro.
Además, ha incidido en que con este veto se intenta de forma deliberada, por parte del Gobierno central, de hacer responsables a los alcaldes y a los ayuntamientos de la deuda estatal, máxime tiendo en cuenta que no se ha trabajado sobre el nuevo modelo de financiación local.
El primer edil totanero ha pedido al partido socialista local que se manifieste ante esta cuestión y que se pronuncie ante esta situación, ya que Ayuntamientos como el de Totana ha soportado un descenso incesante en la transferencia del dinero de los tributos del Estado, a la vez que se le ha obligado a asumir el coste de alguna de sus políticas, sin que el Gobierno Central haya adoptado medidas que paliasen de forma real el efecto de la crisis.
Con todo, Martínez Andreo ha recalcado que se hace necesario, siguiendo la línea marcada por la austeridad y la responsabilidad en el gasto público, la línea de crédito ICO para poder pagar la deuda a proveedores para garantizar la prestación de los servicios públicos y los servicios sociales básicos y poder pagar a las Pymes y autónomos.
