El Ayuntamiento de Totana, a través de la Concejalía de Servicios y Mantenimiento Integral de la Ciudad, ha puesto en marcha un plan de desinfección de la plaga de mosquitos provocada por el estancamiento de agua en el río Guadalentín, situación que ha provocado malestar entre los vecinos e inconvenientes a la zona del ganado cercano al caudal. Concretamente, se está llevando a cabo este plan de choque en las pedanías totaneras de Lébor, El Paretón y Raiguero.
El concejal de Servicios, Sergio López, ha explicado que la zona, sobre todo donde hay viviendas, se está desinfectando con un tratamiento especial, que no afecta a la fauna mayor, a través de un cañón de largo alcance y para que tenga la mayor eficacia se está fumigando al amanecer y al atardecer.
Además, se está aplicando un larvicida en las charcas del río diseñado para tratamientos de aguas muy sucias, como las fecales, pero tienen baja toxicidad para evitar que peces, anfibios, reptiles y pájaros se vean afectados por el tratamiento.
Asimismo, el edil responsable de esta área ha explicado que también se va a arreglar El Reguerón en la zona de Lébor porque se sale de su cauce y está provocando problemas.
López ha recordado que el Ayuntamiento ha tenido que hacer un esfuerzo económico para desarrollar este tratamiento, ya que se estaban viendo afectados por la plaga de mosquitos los vecinos de las viviendas anexas a la mota del río y las producciones agrícolas.
El edil ha manifestado su malestar, ya que este tratamiento debería de haberse llevado a cabo por el organismo titular del río, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), pero ante la negativa de llevar a cabo este tratamiento, el Ayuntamiento "como está pasando en muchas ocasiones y con distintas áreas municipales, ha tenido que hacerse cargo de competencias que son exclusivas del Estado y financiarlas, ya que el Gobierno central sólo argumenta que no tienen presupuesto para llevarlas a cabo, cuando siempre lo han hecho". En este sentido, ha recordado que los totaneros pagan sus impuestos al igual que todos los ciudadanos de España, por lo que deberían tener los mismos derechos y no dejar de tener servicios derivados de una mala gestión económica de las arcas del Gobierno central.
