El Grupo Municipal reitera que "el portavoz del Grupo Socialista, Juan Francisco Otálora, está investigado por el Tribunal de Cuentas después de que este organismo contable haya abierto diligencias y admitido a trámite la denuncia del Pleno del Ayuntamiento de Totana, promovida por el PP, para investigar un presunto delito de alcance contable".
El Grupo Popular salió al paso de las declaraciones de Juan Francisco Otálora sobre la denuncia de conciliación presentada contra el portavoz popular José Antonio Vlaverde, y le pregunta "quién es él para dar lecciones de ética política y hablar de responsabilidades en Totana si es incapaz ni siquiera de asumir él mismo las suyas".
Además, el PP señala que "el único portavoz y grupo municipal que miente es el del PSOE, después de que la semana pasada el concejal socialista Andrés García se inventara imputaciones y declaraciones judiciales de más miembros del equipo de Gobierno y ex concejales dentro de la Operación “Tótem”".
El Grupo Popular sostiene que "el PSOE centra su actividad municipal en contribuir al mantenimiento del circo mediático y la rentabilidad política que les ofrece esta operación" y asegura que "en Totana todo el mundo conoce y sabe ya para qué trabaja el PSOE, en torno a qué gira su estrategia política y qué objetivos tiene detrás de ella".
Añaden que "el PP sólo exige a Juan Francisco Otálora que sea consecuente con sus afirmaciones públicas tras afirmar que los políticos investigados por la Justicia tienen que dejar sus cargos públicos y se aplique su propia doctrina y deje de dar lecciones de honradez y ética política".
También se pregunta por qué insiste en utilizar la estrategia de “mirar la paja en ojo ajeno con el único fin de acatar al alcalde y sus miembros del Gobierno municipal y no la viga en el propio, con respecto a la decisión del órgano contable”.
Insiste en que se quite “el antifaz de moralista intelectual y populista bonachón” y explique "por qué está investigado en un caso de utilización fraudulenta del dinero de todos los totaneros ofreciendo un “pésimo ejemplo de gestión pública”".
Recuerdan que "la investigación se ha abierto por un presunto delito contable cometido en la legislatura de 1991 a 1995 cuando Martínez Baños, como edil entonces de la corporación, y Otálora, como técnico responsable del área de Juventud, disponían al parecer de una cuenta privada con la que manejaban dinero municipal no fiscalizado.
Estos fondos municipales procedían, al parecer, de los ingresos que realizaban los padres por el concepto de las actividades veraniegas y que éstos controlaban en una cuenta corriente –en la que figuraban ambos como titulares-, y de la que supuestamente no daban cuenta ni al Tesorero ni al Interventor del Ayuntamiento".
