El Grupo Municipal Socialista de Totana ha interpuesto una querella criminal por presunta «prevaricación administrativa» contra el alcalde de Totana y la Junta de Gobierno Local. Según explican fuentes del Grupo Municipal Socialista “dicha actuación está fundamentada en la adjudicación de obras con cargo a las arcas públicas por importe de 344.000 euros, eludiendo todo control administrativo y falsificando documentación pública”.
La querella fue interpuesta el pasado 25 de noviembre de 2004 en el Juzgado de Instrucción de Totana, denunciando “la adjudicación de forma directa o “a dedo”, sin publicidad ni licitación, de obras realizadas en el tramo de la N-340 a su paso por Totana. Dicha actuación no sólo se separa del procedimiento legalmente establecido, sino que va en contra de los intereses generales de los ciudadanos de Totana”, según las mismas fuentes.
Según explican desde el PSOE, “una parte de los hechos se remontan a la comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Totana, celebrada el 28 de octubre de 2003, en la que, a propuesta del concejal de Hacienda, se adoptó el acuerdo de adjudicar a una ingeniero técnico de obras públicas cuatro contratos por importe de 12.000 euros cada uno (48.000 euros en total) para redacción de 1 sólo proyecto dividido en 4 para poder adjudicarlos “a dedo”, relacionados con la misma obra. Estos 4 proyectos se refieren a movimiento de tierras, pavimentación de la zona, encintar bordillos y aceras y señalizaciones de la misma en un tramo de la N-340 a su paso por Totana”.
Para los querellantes “no existe duda alguna de que el fraccionamiento y adjudicación individual de 4 contratos de una sola obra obedece a la voluntad de adjudicar a quien se quiera y no a quien licite más bajo con ahorro de dinero público, y evitar la publicidad para evitar la concurrencia de otros licitantes cuyas ofertas pudieran ser más beneficiosas para los intereses públicos”.
Según detallan los socialistas “una de las consecuencias de esta adjudicación “a dedo” es que el coste total de la obra ascienda a 344.000 euros, cuando obras de similares características han costado muchísimo menos” y como ejemplo citan la realización de una rotonda en la misma vía en la anterior legislatura, que no alcanzó los 60.000 euros.
Además, los socialistas dicen que “dicha actuación contradice la Ley de Contratos de la Administración del Estado (RD 2/2000, art. 201), que establece la prohibición legal de acudir a la vía de contratación directa para contratos que superen los 12.000 euros de cuantía. También prohíbe en su artículo 68 «el fraccionamiento de un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad, el procedimiento o la forma de adjudicación que corresponda»”.
Para el Grupo Municipal Socialista “no existe duda de que, premeditadamente, la Corporación fraccionó los contratos con la finalidad de sortear la norma, evitando las garantías que aseguran el buen fin del dinero público”.
Los querellantes señalan que “la actuación es tanto más sospechosa a tenor de que el Ayuntamiento de Totana tiene en plantilla dos ingenieros técnicos de obras públicas, plenamente capacitados para la redacción del proyecto, por lo que no es comprensible que prefiera acudir al mercado”.
Además, los socialistas añaden que “idénticas argucias a las de redacción del proyecto empleó la corporación municipal en la contratación de suministro y ejecución de obra, pues a pesar de que los artículos 182 y 141 de la mencionada norma prohíben contratar sin licitación suministros cuando se superen los treinta mil euros y obras superiores a sesenta mil euros, nuevamente se fragmentaron ambas actuaciones para no superar dichos topes”.
«En este caso, el alcalde dictó resoluciones el 17 de noviembre de 2003 adjudicando, también “a dedo” y siempre rozando el límite de la cuantía permitida las obras y suministros a dos empresas», añaden los socialistas. Dicha actuación ha sido calificada por los representantes del PSOE, en su condición de querellantes, «como fraude de ley» y acusan al máximo responsable del municipio «de absoluta falta de escrúpulos en el manejo de dinero público».
Los socialistas dicen que «para colmo de despropósitos, las adjudicaciones de suministro y obras se realizaron “a ciegas” a las empresas beneficiarias, pues el proyecto técnico no fue aprobado por la Corporación hasta el 24 de noviembre, es decir, 7 días después de dicha adjudicación» y añaden que «esto hace sospechar que la contratación pudo ser pura ficción».
Además, denuncian que tuvo lugar también “la adjudicación, también “a dedo”, de la dirección de las obras por decisión personal del alcalde”.
El Grupo Municipal Socialista acusa también al alcalde de Totana “de falsificación de documento público, puesto que según está demostrado mediante acta notarial, dichas obras certificadas como finalizadas hace más de un año no han sido ni siquiera iniciadas”, según explicaban los socialistas en una nota de prensa remitida el pasado 2 de diciembre.
Respuesta del Gobierno local
Por su parte, el equipo de Gobierno municipal del Ayuntamiento de Totana considera que la interposición de esta querella criminal presentada por el PSOE de la localidad “sólo pretende judicializar la vida política local y crear un clima de crispación social y enfrentamiento político en Totana con el objetivo exclusivo de obtener réditos electorales”, según informan en un comunicado.
El Gobierno municipal del PP manifiesta que “la junta de gobierno local y los órganos administrativos competentes de este Ayuntamiento actúan siempre asistidos por un secretario y un interventor titulados y con la cualificación técnica necesaria, de forma que los trámites administrativos son siempre supervisados por estos funcionarios”.
Además, desde el equipo de Gobierno argumentan “que las verdaderas motivaciones que mueven al PSOE de Totana a presentar esta querella responde a una estrategia para enrarecer el ambiente político local, dado que la actual política de inversiones e infraestructuras en el municipio llevada a cabo por el PP perjudica sus intereses partidistas”.
“Los diversos expedientes administrativos han sido, reiteradamente, examinados por el Grupo Socialista a lo largo de más de un año sin que los concejales de éste hayan formulado ningún recurso o reclamación contra ninguno de los trámites de los mismos; prueba evidente de que no han encontrado irregularidad alguna de orden administrativo para reclamar”, se indica desde el equipo de Gobierno.
Asimismo, desde el equipo de Gobierno, se afirma que “el secretario general del PSOE de Totana y anterior alcalde, Alfonso Martínez Baños, prefiere iniciar procesos penales para evitar que se hable de nuevos proyectos que benefician a Totana y se ejecutarán en los próximos años, como la autovía Totana-Mazarrón, la circunvalación norte, la construcción de un nuevo colegio de Ecuación Infantil y Primaria, el nuevo centro de salud o el éxito del Año Jubilar Eulaliense, entre otros”.
El actual Gobierno municipal estima que “detrás de esta querella existe una maniobra de desprestigio a la institución municipal por parte de Alfonso Martínez Baños, quien actúa movido por rencores personales después de haber estado gobernando cuatro años en coalición con IU sin haber ganado las elecciones y haber desaprovechado en la anterior legislatura esta oportunidad”.
También se considera desde el equipo de Gobierno que este procedimiento judicial “responde a la actitud de resentimiento y persecución que padece Martínez Baños y el PSOE de Totana ante la certeza de que el Gobierno popular ha acometido muchas más inversiones e infraestructuras en un año y medio de gestión que la coalición del PSOE-IU en cuatro años, etapa que se caracterizó por la crispación política y social, subida de impuestos y endeudamiento, y absoluta parálisis institucional y crisis permanente”.
El Gobierno municipal cree que “este procedimiento sólo contribuye a desprestigiar el nombre de Totana y evitar la ejecución de una inversión de más de 1,9 millones de euros que repercutirá en la mejora del tráfico rodado de la ciudad y redundará en la calidad de vida de los vecinos”.
Los miembros del equipo de Gobierno afirman que emprenderán acciones legales de defensa oportunas “ante estas falsas e injuriosas acusaciones que manchan la buena imagen de la institución municipal y de los vecinos de Totana”.
