CMT abre expediente sancionador Ayuntamiento de Atarfe por dar Internet gratis
por
Socialista
23/04/2004
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El consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha decidido hoy abrir expediente sancionador contra la empresa pública Proyecto Atarfe como presunta responsable directa de una infracción administrativa "muy grave" en la explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas "sin cumplir los requisitos exigibles para realizar tales actividades". (EUROPA PRESS) - A juicio de la CMT, Proyecto Atarfe presuntamente ha iniciado la explotación de una red y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas sin cumplir los requisitos establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) que entró en vigor el pasado mes de noviembre. La LGT exige la preceptiva notificación a la CMT con carácter previo al inicio de tales actividades. Proyecto Atarfe tiene como único accionista al Ayuntamiento de Atarfe, siendo el alcalde de esta localidad granadina, Víctor Sánchez, a su vez, consejero y presidente del consejo de administración de la citada entidad mercantil. El Ayuntamiento de Atarfe había sido denunciado por la empresa TV Atarfe por estar, en su opinión, incumpliendo la normativa vigente. Posteriormente, se sumó a esta denuncia otra contra el mismo Ayuntamiento por parte de la Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones y Servicios de Internet (Aotec). Los denunciantes acusaban al consistorio de Atarfe --que tiene una población de 12.500 habitantes y está a once kilómetros de Granada-- de estar prestando servicio de acceso a Internet a través de una red inalámbrica con tecnología 'Wi-Fi' de forma gratuita y sin atenerse a la normativa vigente. La CMT recordó hoy que ya se ha definido con anterioridad sobre las condiciones regulatorias a las que han de atenerse los ayuntamientos, empresas municipales y demás entidades públicas para la prestación de servicios y explotación de redes. Así, apuntó que en una resolución de 5 de junio de 2003 advertía que la realización de estas actividades de forma gratuita podría, a priori, producir distorsiones a la libre competencia en el servicio de acceso a Internet y en la explotación de redes públicas de telecomunicaciones.
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